Pozuelo señaló que "n es de recibo que el Estado no tome ninguna medida" para proteger a las familias cuando, según datos del Banco de España, el endeudamiento de los hogares españoles ha aumentado desde 1995 casi 40 puntos, hasta superar el 80 por ciento de la renta básica disponible.

Por ello, tras cerca de un año de trabajo y con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, los socialistas presentan ahora el proyecto de ley, que se ha basado en la experiencia europea y muy especialmente en los modelos francs y alemán.

Según el PSOE, "es un proyecto para el 100 por cien de la sociedad", ya que cualquiera puede caer en una situación de precariedad y endeudamiento, tanto de clase social modesta como media o alta, por la muerte de un cónyuge, una separación matrimonial o una minusvalía sobrevenida, en un momento en que muchas familias están hipotecadas a 20, 25 y 30 años.

El Partido Socialista contempla dos aspectos fundamentales. Por un lado, un sistema de prevención y protección extrajudicial, basadoen una potenciación del actual Sistema de Arbitraje de Consumo, que ante circunstancias imprevistas facilite al consumidor la reconducción de su situación económica mediante acuerdos amistosos de pago entre deudores y acreedores.

Y en segundo lugar, el proyecto de ley establece medidas preventivas, de reforzamiento de la información que las entidades financieras deben proporcionar a los clientes a la hora de conceder créditos, el derecho de retracto del contrato en los 15 días siguientes a la firma y a constitución en el Banco de España de un fichero de morosos para que los bancos conozcan la situación financiera de los consumidores, banco de datos provisto de todas las garantías que ofrece la Ley de Protección de Datos Personales.

Pozuelo indicó que, aunque las entidades financieras no están adheridas hasta el momento al sistema de arbitraje, el proyecto de ley establece que se suspenderá la ejecución de la deuda desde el momento en que el consumidor pida acogerse al Arbitraje de Sobreendeudamieno. El acreedor, por su parte, puede negarse al arbitraje y acudir al ámbito judicial, pero el juez puede tener en cuenta el plan de saneamiento económico del deudor elaborado por la Junta Arbitral.