En esta iniciativa, a la que tuvo acceso Servimedia, los socilistas argumentan que este mecanismo favorece la resolución de este tipo de conflictos fuera de los juzgados, evitando traumatismos a los menores y reduciendo la posibilidad de incumplimiento de lo pactado, ya que el acuerdo ha sido alcanzado por la pareja, y no impuesto por el juez.

En opinión de los socialistas, las rupturas matrimoniales se afrontan en España sin los recursos personales y sociales que tienen en otros países con más años de tradición democrática, conscientes de que estos procesos so traumáticos para todos los miembros de la familia, especialmente para los niños, si los hay.

En este sentido, recuerdan que el Ministerio de Asuntos Sociales emprendió en 1991 una experiencia piloto de implantación de programas de Mediación Familiar, y su valoración por parte del actual Gobierno nueve años después es positiva.

Por este motivo, proponen que el Gobierno contribuya a la financiación de estos Gabinetes, que se implantarían en las comunidades autónomas que lo deseen.

Esta parte e financiación del Ejecutivo se haría con cargo a subvenciones ordinarias del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y a las concedidas mediante el 0,5 por ciento del IRPF destinado a estas finalidades.

Estos Gabinetes deberían actuar antes de que los procesos de separación o divorcio degeneren en un conflicto judicial, o bien una vez concluidos los procesos judiciales de especial litigiosidad y que puedan crear alarma social o perjuicio para toda la familia.