La iniciativa propone la creación de un Fondo de Garantía de Pago de Alimentos, cuya gestión se encomiende al Ministerio de Economía y Hacienda. Se trata de que el Estado garantice, mediante anticipos, el pago de alimentos a los hijos menores de edaden los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, y proceso de filiación o de alimentos, cuando el obligado a prestarlos no lo lleve a efecto.

La proposición de ley fija como límite para que los beneficiarios puedan recibir ayudas que los ingresos de la unidad familiar no superen la cantidad establecida en la Ley Reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la obligatoriedad de efectuar declaración. También prevé que la unidad familiar no tena bienes patrimoniales distintos a la vivienda en que resida habitualmente.