Los socialistas consideran que tras la promulgación de la Constitución de 1978, que autoriza a los jueces y tribunales a dejar de aplicar la normativa previa que atente contra sus preceptos y la modificación de las leyes que van contra los principios fundamentales que consagra, se hace necesaria una reforma legislativa que aplique el principio de igualdad entre ambos sexos.

Las normas que regulan la sucesión de los títulos nobiliarios proceden de épocas históricas lejanas en que la nobleza se consolidó como un estamento social privilegiado, donde regía el principio de masculinidad y preferencia del varón para la sucesión.

Sin embargo, el PSOE considera que el principio de igualdad debe proyectarse también a este ámbito. La proposición de ley excluye específicamente el régimen sucesorio de la Corona.

Se da la circunstancia de que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre este asunto en 1997 cuando María del Pilar de la Cierva y Osorio de Moscoso presentó una cuestión de constitucionalidad por su derecho a ostentar los títulos de conde de Cardona, con grandeza de España; marqués de Mairena y conde de Arzalcóllar, frente a su hermano de menor edad.

El Alto Tribunal desestimó la pretensión de la recurrente al entender que las normas que rigen el derecho de sucesión, que se basan en "interpretaciones bíblicas o sobre mitos biológicos de una supuesta mejor sangre" masculina, imprengan las leyes vigentes desde la baja Edad Media.

Asimismo, indica que no es de aplicación a este caso la Convención de Nueva York de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer.