Los socialistas aducen en el escrito que la Carta Magna no permite recurrir al decreto ley para crear exenciones o bonificaciones tributarias ni para poner en marcha nuevos tributos, como ha hecho el Ejecutivo con el gravamen del 3 por ciento para la actualización de balances.

Asimismo, entiende que no hay tampoco razones de urgencia para recurrir al decreto ley y no a la vía normativa ordinaria que sería un proyecto de ley, toda vez quealgunas de las medidas contenidas en el decreto no entran en vigor hasta el 1 de enero de 1997.

Sin embargo, el portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso, Juan Manuel Eguiagaray, aseguró en rueda de prensa que aunque el Gobierno hubiese utilizado la fórmula del proyecto de ley, su partido también consideraría el texto inconstitucional, porque establece un sistema tributario "profundamente injusto" con la nueva regulación que hace de los incrementos irregulares de patrimonio.

En cocreto, señaló que el decreto atenta contra la Constitución al instaurar un tipo único de tributación del 20 por ciento para las plusvalías, porque beneficia claramente a los que más tienen.

Al margen de consideraciones jurídicas, Eguiagaray explicó que el decreto supone en el terreno político un "auténtico hachazo" a las posibilidades de convergencia con Europa en situaciones de igualdad para todos los españoles, reduce los ingresos públicos y favorece "al sector más cercano al Gobierno".

El recuso lo presentaron en el Registro del Tribunal Constitucional y después en rueda de prensa el portavoz en el Congreso, Joaquín Almunia, Juan Manuel Eguigaray, y el asesor jurídico Alejandro Trigo. El catedrático Juan Ramallo ha sido el responsable del recurso.