La iniciativa, de 33 artículos, fue presentada en rueda de prensa por el portavoz socialista, Jesús Caldera, y la secretaria de Consumidores y Usuarios del PSOE, Isabel Pozuelo.

El objetivo es poner en marcha un sistema específico de prevención y de protección judicial y extrajudicial de los consumidores en situación de sobreendeudamiento sobrevenido para satisfacer las demandasde sus acreedores manteniendo una vida digna para el deudor y su familia.

El texto entiende como "sobreendeudamiento sobrevenido" la situación en la que un ciudadano "de buena fe" se ve incapacitado para hacer frente a sus deudas no profesionales, vencidas o exigibles.

Esa situación puede llegar por múltiples causas, explicó Isabel Pozuelo, tales como el desempleo del deudor, la temporalidad o la precariedad de su empleo, su incapacidad temporal o permanente, la separación, el divorcio o el falleimiento del cónyuge.

El eje de la iniciativa de los socialistas son los Centros de Arbitraje de Sobreendeudamiento que estarían en todas las comunidades autónomas y que funcionarían coordinados con el Gobierno central y con los ayuntamientos.

Esos centros serían los encargados de analizar el caso de cualquier consumidor que se dirija a ellos, de forma voluntaria y gratuita, para intentar solucionar su sobreendeudamiento.

La primera tarea sería determinar que el endeudamiento no se deriva de na voluntad "maliciosa de engañar al acreedor o de incumplir la obligación contraída", en cuyo caso se archivaría la petición.

Si no es así, quedarían paralizados todos los procesos de ejecución de las deudas y, con todos los datos sobre la mesa, los centros de arbitraje mediarían entre el deudor y sus acreedores con la elaboración de un plan de saneamiento económico, y emitirían un laudo arbitral, de obligado cumplimiento por ambas partes.

En caso de que este procedimiento no tuviera éxito, se psaría a uno judicial, pero en el que los tribunales tendrían en cuanta todo el trabajo hecho antes por los centros de arbitraje.

La Ley protegería a los residentes en España por deudas contraidas en el territorio español y a los españoles residentes en el extranjero con deudas no profesionales contraídas con acreedores establecidos en España, pero quedarían siempre excluidas las deudas derivadas de sanciones de cualquier índole.

En cuanto a las medidas de prevención, los socialistas proponen, porejemplo, un plazo de catorce días a partir de la suscripción de un contrato de crédito para que el titular pueda retractarse de su aceptación.

Esa retractación obligaría al consumidor a restituir al prestador las cantidades recibidas en virtud del contrato o los bienes que haya recibido, y a pagar los intereses adeudados para el periodo de retractación del crédito.