La norma marca como objetivo lograr el aprovechamiento sostenible de los bosques, y establece un tratamiento diferenciado para los cultivos forestales, orientados a conseguir la máxima productividad económica.

Asimismo, establece la elaboración de un Invenario Forestal Nacional y la creación del Consejo Nacional Forestal, que se concibe como un órgano de participación pública y de asesoramiento.

Para incentivar la puesta en marcha de sistemas de gestión que primen los criterios ambientales, la propuesta socialista prevé beneficios fiscales y económicos específicos para los propietarios.