Los socialistas consideran que las medidas que recoge el real decreto no son las idóneas para conseguir liberalizar el mercado del suelo, por "la inexistencia de un presupuesto habilitante, por la infracción de los límites constitucionales y por la ifracción del principio de Estado autónomico a través de la infracción de la garantía institucional de la autonomía local".

El recurso del Grupo Socialista subraya que las medidas contenidas en el real decreto privan a los ayuntamientos de la facultad de calificación del suelo urbanizable y suponen una modificación ilegítima de la competencia atribuida a las comunidades autónomas para determinar el desarrollo urbanístico.