Mur hizo esa afirmación en rueda de prensa, que presidió a mediodía de hoy en el Congreso de los Diputados, poco después e finalizar su segunda reunión con el ministro para las Administraciones Públicas, Juan manuel Eguiagaray, (la primera fue ayer) en un último intento por incorporar al PAR a la firma del pacto autonómico.

El dirigente regionalista aragonés se declaró "decepcionado" por el "lavado de imagen" que están protagonizando PSOE Y PP, partido éste último con el que el PAR mantiene un pacto de gobierno en la Diputación Regional de Aragón.

Ambas formaciones estatales, dijo, quieren eliminar su "mala concienia" con las llamadas comunidades "de vía lenta", que accedieron a la autonomía por medio del artículo 143 de la Constitución.

En opinión de José María Mur, de firmarse el pacto tal y como lo han diseñado los dos grandes partidos estatales, no se reformará el Estatuto aragonés (cláusula que figura en el acuerdo de gobierno suscrito con el PP) y las competencias esenciales, educación y sanidad, seguirían sin ser transferidas.

"Algunas de las que se nos quieren transferir tienen tan poco interés, qu les digo que son: estadística para servicio de la comunidad autónoma o el servicio meteorológico. Con eso se hace cualquier cosa menos autogobierno", comentó, para agregar que "la verdaderamente importante, educación, se difiere a tan largo plazo bajo la excusa de la reforma educativa, que a nosotros nos quedan serias dudas de si realmente se quiere transferir o buscar una excusa para demorar la transferencia".

BARCELONA, LA SEGUNDA CIUDAD DE ARAGON

Con el pacto autonómico que proponen PSOE y PP, ls regiones que se quedan "en la peor situación de las posibles", explicó, serán las dos Castillas, Extremadura y Aragón, "curiosamente comunidades cuyo 'pecado' es no tener población porque ha emigrado a aquellas otras comunidades que sí que tienen estatutos privilegiados con relación al nuestro.

En su opinión, constituye un hecho "dramático" para Aragón que Barcelona, con 300.000 emigrantes aragoneses, sea la "segunda ciudad" de la comunidad autónoma, mientras que Huesca o Teruel no superan los 40.00 y 20.000 habitantes, respectivamente.

"Esto explica muchas cosas", dijo, después de hacer hincapié en que "el pragmatismo político hace a veces que las ideas se flexibilicen tanto que se vaya sólo a la utilidad inmediata de las medidas políticas".

"De ahí que cuando unas medidas afectan a grandes capas de población, se es más cuidadoso o se tiene capacidad de rectificar y cuando afecten a minorías, importe menos la trascendencia", concluyó.