El objeto de la citada comisión investigadora del Parlamento regional será determinar si hubo irregularidades en el otorgamiento de subvenciones por parte de la Dirección General de Empleo de la CAM a determinadas empresas, con las que supuestamente estaba relacionado con Juan Navarro, director de Empleo.

Antonio Beteta, portavoz del PP, djo que hay acuerdo por parte de los tres grupos en declarar que las sesiones sean públicas, "pero existe una discrepancia en cuanto al tiempo de duración de la comisión".

El PP entiende que, debido al número de expedientes que hay analizar, el tiempo mínimo debe de ser de dos meses, mientras que el PSOE e IU defienden que sea un mes ampliable.

La citada Comisión de Investigación, cuya creación fue aprobada en el pleno de la Cámara del pasado jueves, no será efectiva hasta el próximo martes, fechade reunión de la Mesa, que determinará el funcionamiento de la misma.

Según explicó Javier Doz, de IU, la comisión de investigación sobre el caso Ibercoop será pública "con carácter de excepción", y se anticipa a la reforma del reglamento propuesta por el PP, que pretende que todas las sesiones de investigación sean abiertas.

Asimismo, señaló que los procedimientos de trabajo de la citada comisión investigadora, "todavía por determinar", se ajustarán a lo establecido con carácter general en la nuva normativa del Congreso de los Diputados.

Sobre la duración de las sesiones, el diputado de IU dijo que ése es un "tema menor" y "hemos dejado claro que si en el plazo de un mes no han terminado los trabajos, que se prorrogue".

Dolores García Hierro, portavoz socialista, ratificó la aprobación de que la comisión de investigación sea pública, "después de un amplio debate".

Añadió que, de esta manera, con la aprobación de la citada comisión, "se demuestra quien tiene interés en aclarar el fodo de las denuncias y quien quiere una marejada donde todo queda negro y al final nada se aclara", refiriéndose al grupo popular, quien sistemáticamente, según García Hierro, se opone a investigar otros casos en Castilla-León o en el Ayuntamiento de Madrid.