Así lo indicaron a Servimedia los portavoces de Trabajo y Asuntos Sociales de los tres grupos: Jesús Membrado (PSOE), José Eugenio Azpiroz (PP) y Carles Campuzano (CiU).

Estos grupos van a ser sensibles con las propuestas que les ha presentado el Comité Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). El próximo martes concluirá el plazo que tienen los partidos para presentar en el Congreso enmiendas a la reforma del mercado laboral.

Hasta la entrada en vigor de la reforma, las ayudas a la contratación de discapacitados iban en una doble vía: por un lado, se daba una subvención directa por cada contrato indefinido de 3.907 euros.

Por otro lado, se bonificaban las cuotas a la Seguridad Social con un porcentaje que era del 70% por los menores de 45 años, que ascendía al 90% si la contratada era una mujer. Para los mayores de 45 años, la bonificación era del 90% para los hombres y del 100% para las mujeres.

Sin embargo, desde el 1 de julio pasado se ha pasado a un sistema de bonificaciones a tanto alzado, es decir, una cuantía fija con independencia del salario del trabajador.

De este modo, por la contratación de una persona con discapacidad el Estado aporta 3.000 euros anuales durante toda la vigencia del contrato. Si la discapacidad es severa y el trabajador procede de un enclave laboral se eleva la cuantía a 3.200 euros.

El Cermi considera que este nuevo sistema supone un perjuicio para muchas personas con discapacidad. Los partidos han aceptado parte de los planteamientos de la organización y se muestran dispuestos a una mejora de la cuantía que se da a las empresas por contratación de discapacitados.

No obstante, el portavoz socialista de Trabajo, Jesús Membrado, indicó que no se puede volver al sistema vigente hasta antes de la reforma, ya que se desnaturalizaría la misma.