En ella se contemplan las medidas básicas para proteger la identidad de quienes declaren en contra de los inculpados en juicios de alto riesgo y se prevé ofrecer nueva identidad y medios económicos para cambiar de residencia y de trabajo para casos excepcionales.

La Comisión de Justicia e Interior del Congreso estudiará mañana el exto que inició su tramitación en octubre de 1993. Tras acordar diversas enmiendas sobre el texto inicial, la Proposición de Ley contempla que no aparezca en las diligencias ningún dato que pueda servir para identificar a los testigos o confidentes que tengan riesgo de sufrir represalias.

El texto pide que no consten "su nombre, apellidos, domicilio, lugar de trabajo y profesión, ni cualquier otro dato qaue pudiera servir para la identificación de los mismos". Durante las causas se podrá designar a esos testigos por un número o cualquier otra clave.

Las notificaciones para estos confidentes o testigos llegarán a la sede del órgano judicial que esté actuando y la fuerzas de seguridad y autoridades judiciales están obligadas a impedir que se tomen imágenes o fotografías que puedan servir para su identificación.

A instancia del Ministerio Fiscal estas personas contarán con protecciónpolicial durante el proceso y en casos excepcionales al finalizar el juicio se les podrá fcilitar una nueva idenidad y "medios económicos para cambiar su residencia o lugar de trabajo".

La Proposición de Ley deja al juez o al Tribunal la decisión de juzgar que grado de riesgo entraña el proceso y la aplicación de todas o de algunas de las medidaslegales de protección que considere necesarias.

El ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, confirmó ayer que su departamento está estudiando "una legislación específica" para protección de testigos y colaboradores de la justicia por lo que no se decarta que en el trámite parlamentario se introduzcan muevas modificaciones en el texto.