"Nuestro grupo tiene idea de plantear la posibilidad de que no prospere esta iniciativa", con la finalidad de que sea la Comisión de Discapacidad de esta Cámara la que impulse una proposición de ley por la que se ajuste la legislación española a la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, afirmó la diputada socialista María José Sánchez Rubio en el Pleno del Congreso de los Diputados.

En su intervención, Sánchez Rubio alegó que la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja acordó "de forma unánime" impulsar una ronda de comparecencias en las que se diera cuenta de los cambios legislativos que deberá abordar España para adaptarse a la convención sobre discapacidad, que ya se están desarrollando, y que son las que deberían servir de base para reformar la normativa.

Por este motivo, los socialistas consideran que el "oportunismo del PP ha pesado más que lo acordado en la comisión de discapacidad".

El PSOE fue el único grupo parlamentario que se mostró en contra de dar luz verde a la toma en consideración de esta propuesta popular, si bien Concepción Tarruella, de CiU, coincidió con los socialistas en que el PP se ha adelantado a los trabajos de la Comisión de Discapacidad.

Esquerra Republicana, PNV y el Grupo Mixto anunciaron también su voto a favor de la propuesta popular por entender que propone "medidas positivas" y por tratarse de una iniciativa "razonable", aunque con propuestas "desordenadas".

LA PROPUESTA

En concreto, la proposición de ley del PP, defendida en el Pleno del Congreso por el diputado Francisco Vañó, quiere que el ajuste del ordenamiento jurídico español a la Convención de la ONU sobre Discapacidad esté listo en seis meses, mediante una ley que recoja "flecos sueltos" y que atienda "reivindicaciones enquistadas" sobre aspectos relacionados con el empleo, la vivienda o el trasporte de las personas con discapacidad.

Así, por ejemplo, la proposición apuesta por crear una nueva ley para mejorar el acceso al trabajo de los ciudadanos con discapacidad; por elevar del 5 al 7% las ofertas de empleo público para este colectivo; por eximir de pagar peaje en las autopistas a las personas con discapacidad, y por considerar infracción grave y castigar con la pérdida de puntos a quienes aparquen en las plazas reservadas para conductores con discapacidad.

Con respecto al empleo, el texto de los populares es partidario, además de elevar la reserva pública desde el cinco al siete por ciento, de destinar un dos por ciento de ese siete por ciento al empleo de personas con discapacidad intelectual.

En el ámbito de la vivienda, la proposición del PP aboga por pasar del tres al seis por ciento en la reserva de construcciones sociales y de protección oficial adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad.