La aplicación de este tributo, al que se han opuesto las patronales CEOE y CEPYME, las Cámaras de Comercio e Industria, y los grupos parlamentarios del Partido Popular, CDS y Minoría Catalana, ha dado lugar a una intensa ronda de contactos durante las últimas horas entre todas las partes afectadas.

Fuentes socialistas consultadas por Servimedia aseguraron que la fecha para poner en marcha el impuesto de actividades económicas es un "tema aierto" y que el PSOE no pretende "poner una banderilla a nadie".

Las mismas fuentes indicaron que la aplicación del impuesto no tiene por qué comenzar el 1 de enero de 1992. "Existe voluntad política de que así sea, pero en el Senado se puede modificar si hay consenso para hacerlo", añadieron.

A juicio del PSOE, conseguir la aceptación social del impuesto de actividades económicas, principalmente por parte de los ayuntamientos y los empresarios, es "una de las cuestiones que más preocupan ahora msmo al Gobierno y al PSOE".

QUEJAS DE CUEVAS

La polémica desatada por la aplicación de este tributo ha dado lugar a una entrevista del presidente de la patronal, José María Cuevas, con el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, celebrada esta tarde en la sede del Ministerio de Economía.

El propósito de la entrevista, según fuentes de la CEOE consultadas por Servimedia, era expresar nuevamente la oposición de la patronal a la aplicación del impuesto, ante la generalizada oposición queha suscitado entre los empresarios y los ayuntamientos.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía indicaron a esta agencia que la posición del Gobierno no ha cambiado y que se mantiene en la idea de implantar el impuesto de actividades económicas el 1 de enero de 1992, sin aplazamientos.

Añadieron, en contra de lo afirmado desde el PSOE, que la decisión no queda a expensas del resultado del debate presupuestario en el Senado.

Las corporaciones locales temen que este tributo suponga unamerma en los ingresos municipales, ante la reticencia de los sujetos pasivos del tributo a darse de alta en los censos.

El Ayuntamiento de Madrid asegura que, a principios de noviembre, sólo 30.000 de los 400.000 potenciales contribuyentes de su municipio se habían inscrito en el censo. En toda España, hay 4 millones de unidades de negocio sujetas al impuesto y 2,5 millones de personas físicas.

El nuevo impuesto de actividades económicas obliga a todas las corporaciones locales a fijar un recargosobre las tarifas que aún no ha publicado Hacienda, y que oscilará entre el 0,5 y el 2 por ciento, antes del 31 de marzo de 1992, para poder elaborar los recibos y ponerlos al cobro en el último trimestre del año que viene.

Este calendario es el que podría aprovecharse, según las fuentes del PSOE consultadas, para introducir modificaciones en los plazos de aplicación del impuesto, atendiendo a los requerimientos que planteen los diferentes agentes implicados en la aplicación del impuesto y de los que e está recabando opinión.