Esta solicitud es consecuencia del "fracaso" que supuso en la anterior legislatura la subcomisión para el estudio de las privatizaiones, según señaló en rueda de prensa la secretaria general del grupo, María Teresa Fernández de la Vega, quien indicó que la subcomisión fue un instrumento "ineficaz" para conocer qué ha pasado con el proceso de privatizaciones.

En su escrito, los socialistas exponen que esa subcomisión fue un instrumento sin sentido "que impidió al Parlamento realizar las funciones de control de la acción del Gobierno" en esta materia.

En concreto, los socialistas quieren que la comisión investigue la naturalea, funciones, actividad y régimen económico financiero del Consejo Consultivo de Privatizaciones, para poder alcanzar conclusiones razonables sobre el grado de eficacia obenido en el desempeño de su misión de velar por el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia.

También piden que se analice e investigue si el comportamiento de los responsables de los organismos gestores del proceso y miembros de los consejos de administración de las empresas nombrados por el Goierno se ha adecuado a los principios jurídicos y éticos propios de la actividad al servicio de los intereses públicos (cumplimiento de las normas sobre incompatibilidades, uso adecuado de la información privilegiada, etc.).

En este sentido, se pretende conocer también la actividad realizada al respecto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con la empresas que han sido privatizadas mediante la salida a la Bolsa y saber si han existido casos como el del presidente de Telefónica. Asimismo, se propone investigar con detalle el resultado económico-financiero del proceso de privatizaciones, para poder evaluar "de forma rigurosa" los grados de eficacia y eficiencia de la actividad del Gobierno, y que se analice la contribuición de ese proceso de privatizaciones al mejor funcionamiento de la economía española, la mejora de la competitividad de las empresas privatizadas y la elevación del nivel de empleo.

Los socialistas exponen en su escrito que los trabajos de la subcomisión enla anterior legislatura imposibilitaron conocer las siguientes cuestiones:

- Los procedimientos utilizados para la venta de las empresas públicas, en particular los métodos de valoración de algunas empresas (cita a modo de ejemplo a Aceralia e Inespal) y los acuerdos suscritos con los compradores de las mismas.

- La naturaleza y funciones reales del Consejo Consultivo de Privatizaciones, al que califican como "órgano de naturaleza fantasmagórica e indefinida", que tiene la importante misión de vear por la transparencia y publicidad del proceso.

- El cumplimiento de las normas jurídicas vigentes y de los principios éticos que deben regir el comportamiento de los gestores públicos, en particular de los miembros de los consejos de administración de las empresas que fueron nombrados por el Gobierno cuando eran públicas y siguieron al frente de las mismas cuando se privatizaron.

- La aplicación detallada de buena parte de los recursos financieros obtenidos por las ventas de las empresas, partcularmente de los ingresados por la SEPI.

- Los efectos del proceso de privatizaciones sobre el grado de concentración del poder económico en España y la creación de una casta de dirigentes empresariales vinculados por lazos políticos y personales que utilizan el poder económico al servicio de intereses políticos partidarios.