Entre estas medidas se incluiría la comunicación con carácter periódico al Congreso de los Diputados de las cuantías individuales percibidas e concepto de productividad por cada alto cargo y los criterios para la distribución de los créditos asignados a tal fin.

Según el PSOE, la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la Función Pública exige que las cantidades que percibe cada funcionario en concepto de productividad sean de conocimiento público de los demás funcionarios del departamento y organismo, y de los representantes sindicales. Sin embargo, esta exigencia no se aplica a los altos cargos.

"De todo ello resulta que el grado d transparencia de las retribuciones de directores generales, subsecretarios y secretarios de Estado y asimilados es menor que el existente para los empleados públicos. Esta situación no tiene ninguna justificación en un Estado democrático en el que el principio de transparencia predicable de la actuación de la Administración pública y, por ende, de la política retributiva, ha de exigirse en toda su plenitud respecto de los altos cargos de la misma", se afirma en la iniciativa socialista.