La proposición de Ley del Grupo Socialista pretende que los beneficiarios de la asistencia sanitaria gestionada por las empresas colaboradoras se integren en el régimen general del Sistema Nacional de Salud, otorgándoles una tarjeta sanitaria individual.

Por un lado, argumenta la proposición, no existe financiación de la Seguridad Social para la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud, por o que no es posible que las empresas se deduzcan de la cuota, que era el mecanismo previsto por la Ley.

Además, la asistencia sanitaria pública ha dejado de ser una prestación que gestiona la Seguridad Social, al menos para los ciudadanos de las comunidades autónomas a las que se les ha transferido las funciones del Insalud.