Los socialistas consideran que el comportamiento de algunos padres provoca situaciones de "extrema necesidad y precariedad" en menores que no reciben ayudas para su sustento en casos de separación legal y divorcio, y creen que el Estado debe garantizar su atención.

La nueva ley consistiría en un sistema de anticipos con cargo a un Fondo de Garantía de Pago de Alimentos, cuya gestión quedaría encomendada al Ministerio de Economía y Hacienda. Una vez realizados los pagos, el Estado mantedría el derecho a recuperar el dinero procedente de los padres "morosos".

MINIMOS

La normativa establece que los perceptores de estas ayudas deben cumplir una serie de límites: que los ingresos de la unidad familiar a la que pertenecen no superen 1.200.000 pesetas anuales y que no tengan bienes patrimoniales distintos a la vivienda habitual.

Respecto a la cuantía de los anticipos, se tomará como referencia las pensiones mínimas para los casos similares (pensiones de orfandad) y las cantidades fjadas judicialmente en los convenios reguladores de separación matrimonial.

El límite estará fijado, con un hijo a cargo, en 44.490 pesetas mensuales, con un sistema de cálculo proporcional por cada hijo de más que componga la unidad familiar.

La ley exigirá que se haya denunciado al infractor, pero, en caso de que este proceso no haya finalizado, prevé la concesión de ayudas provisionales, basadas en la primera resolución judicial de separación en la que se refleje el pago de pensión alimenticia