El portavoz socialista en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Francesc Vallés, remarcó el "silencio" de los dirigentes del PP ante los nuevos datos aportados por el Ministerio de Trabajo al Tribunal de Cuentas, de los que su fiscal deduce un posible delito de malversación y tráfico de influencias.

La campaña institucional contratada por Zaplana como ministro de Trabajo para informar sobre pensiones llegó a ser suspendida por la Junta Electoral Central a petición de Izquierda Unida, por coincidir con la precampaña y tener una imagen similar a la propaganda de partido.

Además, IU recurrió a la Fiscalía Anticorrupción, que decidió archivar la investigación en septiembre de 2004. No obstante, Vallés explica que en esa ocasión no habían ido a declarar las partes imputadas y no se tuvo en cuenta la opinión de la Unidad de Apoyo de Intervención, por lo que no disponía de todos los elementos".

Una vez que el Tribunal de Cuentas ha recibido más documentación, el fiscal se los ha trasladado a Anticorrupción porque "entiende que hay elementos para creer que puede haber delito de malversación" en una contratación que se produjo con "falta de transparencia, concurrencia y objetividad".

Explicó que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas es "neutro, describe situaciones, y es el fiscal quien, como consecuencia de la descripción de los hechos decide calificarlos y ver si hay elementos constitutivos de delito y reenviarlos a la Fiscalía Anticorrupción".

"Respetamos la independencia del fiscal", concluyó el diputado socialista, pero este elemento añade una nuevo caso de posible corrupción al que se acaba de conocer en Murcia, por lo que considera necesario que tanto Zaplana como Rajoy "den algún tipo de explicación".