El diputado por Huelva, Jenaro García Arreciado, recuerda en su proposición que la Ley de Contratos del Estado obliga al contratista de obra pública a abonar a sus suministradores y subcontratistas el pago del precio pactado en unos plazos no más desfavorables que los establecidos entre la Administración y los contratistas. Para la Administración central, este plazo es de 60 días.

Sin embargo, la realidad es que mientras que el conjunto de las administraciones pagan a las constructras en 118 días, éstas últimas lo hacen a sus suministradores en 215 días.

García Arreciado razona que esta situación provoca desequilibrios financieros entre los subcontratistas, impidiendo la creación de nuevos puestos de trabajo y en ocasiones el mantenimiento de los actuales.

El diputado instó al Gobierno que recoja en la norma que elabore las recomendaciones de la Comisión Europea sobre los plazos de pago en las transacciones comerciales.