El texto, al que tuvo acceso Servimedia, señala que en este momento se está produciendo una situación "contradictoria y discriminatoria" en la mayoría de universidades públicas españolas, ya que muy pocas conceden la liberación de este pago a sus alumnos discapacitados.

"La mayoría deniega este derecho sistemáticamente, por principio", afirma la iniciativa, "a pesar de existir sentencias judiciales" a favor de las familias afectadas.

Para los socialistas, esta situaciónproduce inseguridad jurídica y discriminación por razón del territorio en el que se resida. Recuerdan que el Defensor del Pueblo, haciéndose eco de reiteradas denuncias de organizaciones representativas de la discapacidad, ha reconocido esta lesión de derechos.

La proposición insta al Ejecutivo a dictar, de acuerdo con las comunidades autónomas y oídos los colectivos del sector de la discapacidad, las normas de rango reglamentario precisas para hacer efectivo el cumplimiento de la LISMI.

La propusta concluye señalando que las universidades recibirán las compensaciones económicas correspondientes de las Administraciones. Las responsables de la proposición son las diputadas Consuelo Rumí y Carme Chacón, secretarias federales de Políticas Sociales y de Educación del PSOE, respectivamente.