La iniciativa del PSOE prevé que cuando este porcentaje no pueda cubrirse por personas con discapacidad, después del proceso selectivo, las plazas que no hayan sido ocupadas e acumulen al cupo de la siguiente convocatoria, con un límite del 10 por ciento de las plazas ofertadas.

El Grupo Socialista argumenta que, según datos facilitados por el Gobierno, el número de personas con discapacidad que aprobaron las distintas convocatorias para funcionarios de la Administración General del Estado oscilaba en torno a un 0,2 por ciento, pues se cubrieron 10 de las 94 plazas ofertadas para este colectivo.

Denuncia que el Ejecutivo afirma que el número de aspirantes con minusvaía es "muy reducido", pese a que en 2000 se presentaron 129 personas para 44 plazas, lo que constata la "insuficiencia" del cupo actual, por lo que reclama que se incremente hasta el 5 por ciento.

"Las personas con discapacidad se ven sometidas a importantes barreras para acceder al empleo público, obstáculos que no son justificables, pues la actividad de los servicios públicos es perfectamente compatible con la capacidad y formación de las personas con discapacidad", añade.

EL PSOE recuerda que a normativa comunitaria sobre igualdad de trato en el empleo "obliga a que nuestra legislación prohiba la discriminación", y promueva "medidas positivas de igualdad de oportunidades y adopción de ajustes razonables" que eliminen los obstáculos en el acceso al trabajo.