Así se recoge en una enmienda que este grupo parlamentario presentó al proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de Vulnerabilidad Social y Económica.

En el texto, el grupo socialista reclama que el desarrollo reglamentario de dicha norma recoja la obligación de que, en el plazo de un año, se incluyan etiquetados en braille y en otros formatos accesibles a fin de “garantizar la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida” de los ciudadanos, “especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como consumidoras vulnerables”.

Se trata de una propuesta del Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), “con el que nos reunimos (igual que con otras asociaciones) a fin de trabajar en la mejora de la protección que esta ley ofrece a los grupos de mayor vulnerabilidad", explicó.

De este modo, "pretendemos generar un nuevo derecho para ellos, en este caso para las personas con discapacidad visual", explicó Granados. En su opinión, la enmienda, en tanto que “es una demanda del sector de la discapacidad”, contará “con el apoyo de todos los grupos” de la Cámara Alta.

A su juicio, existe un déficit en la protección de los consumidores vulnerables, por lo que esta iniciativa propone “un calendario para avanzar en etiquetado inclusivo, empezando por aquellos productos más sensibles” en cuestiones de seguridad.

El grupo socialista ha presentado otras enmiendas referidas a la especial protección de los grupos vulnerables en las campañas de publicidad institucionales y a la garantía de que los contratos con empresas privadas resulten comprensibles para todos.