Según explicó en rueda de prensa la secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, los recursos se basan en tres decisiones de la Mesa del Congreso que, a su juicio, vulneran los derechos constitucionales de los diputados, al coartar su labor de control al Gobierno.

En concreto, los recursos obedecen a la negativa de la Mesa a admitir a trámite tres solicitudes de comparecncia: la del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exponer su posición ante el indulto al ex juez Javier Gómez de Liaño, y las de los fiscales Anticorrupción y Antidroga para explicar las medidas necesarias para frenar el blanqueo de capitales.

Los socialistas recurrieron sin éxito estas decisiones ante la propia Mesa del Congreso, rebatiendo los argumentos esgrimidos y exponiendo numerosos precedentes de comparecencias similares.

En contra de los argumentos de la Mesa, Fenández de la Vega explicó que, a juicio de los socialistas, la Mesa solo puede determinar la admisibilidad o no de los escritos en función de su adaptación a derecho, pero nunca decidir sobre el fondo de la cuestión.

Esta actitud, aseguró, priva de debate a los parlamentarios, ya que la Mesa impone su argumentación "por ordeno y mando", sin ni siquiera dar lugar a la contraposición de posturas.

Por ello, los socialistas han pedido amparo ante el Tribunal Constitucional contra un Ejecutivo "que quere gobernar en silencio" y que está sometiendo a los parlamentarios de la oposición "a un auténtico pulso autoritario".