El portavoz municipal socialista, David Lucas, presentó hoy en rueda de prensa esta proposición acompañado de representantes del pequeño y mediano comercio madrileño, trabajadores autónomos, sindicatos y asociaciones de consumidores y de vecinos, que han colaborado con el PSOE en esta iniciativa.

Lucas explicó que esta propuesta pretende mostrar "nuestra oposición más rotunda" a la liberalización total de los horarios comerciales recogida en el anteproyecto de Ley de Modernización del Comercio de la Comunidad de Madrid y constituir un grupo de trabajo en el Ayuntamiento en el que participen todos los sectores afectados para "hacer un análisis serio de la realidad comercial en Madrid".

Según Lucas, el PP está cometiendo "un fraude electoral" en la Comunidad y en la capital y está "engañando" a los ciudadanos, ya que está intentando implantar algo a lo que no se comprometió en su programa electoral en las pasadas elecciones autonómicas y municipales.

El portavoz socialista señaló que Gallardón y el Ayuntamiento no pueden ser ajenos a esta iniciativa, cuando el comercio en la capital representa más del 52% del total del comercio de la región. Por ello, insistieron en que deben opinar e intervenir para evitar que esa ley acabe con gran parte del comercio de la ciudad.

"Con el pequeño y mediano comercio se crea ciudad y se vertebra la ciudad. Si no hay comercio, habrá desiertos urbanos donde campará la inseguridad", advirtió Lucas, quien recordó que en la capital hay, según datos de 2006, cerca de 46.000 pequeños y medianos comercios que dan empleo a casi 240.000 personas y que generan más del 10% del PIB de la ciudad.

Lucas, que también pidió que se dupliquen las ayudas al pequeño comercio, acusó al Gobierno de Esperanza Aguirre de primar a las grandes superficies y de "atacar" al pequeño y mediano comercio. Advirtió de que, si no se atienden sus peticiones, el PSOE seguirá hablando con los comerciantes, consumidores y sindicatos "para movilizarnos contra esta medida".

PSICOSIS EN EL SECTOR

Julio Vallejo, de la Federación de Comerciantes del Sur, explicó que con el proyecto del Gobierno regional podrían desaparecer unos 100.000 empleos del pequeño comercio y de industrias auxiliares. Aseguró que hay "una importante psicosis" en el pequeño comercio por esta nueva ley y que "hay mucha gente que se plantea que después de las vacaciones tendrán que cerrar".

María José Landáburu, de la asociación de trabajadores autónomos UPTA, aseguró que esta norma anula los esfuerzos del Gobierno central por mejorar la situación de los autónomos y perjudicará de manera especial a las mujeres, que son mayoría en el conjunto del empleo del comercio y que serán expulsadas del mercado laboral porque no podrán compatibilizar su vida laboral y familiar con los horarios que se derivarán de esta ley.

Los representantes de las asociaciones de consumidores,la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (Fravm), organizaciones de comerciantes y sindicatos insistieron en que los consumidores, comerciantes y trabajadores no han pedido que los comercios abran los domingos. Acusaron a la presidenta regional de favorecer a las multinacionales y de impulsar un cambio de hábitos familiares, y pidieron diálogo.

Francisco Arenas, de UGT, y Antonio Ruda, de CCOO, calificaron este proyecto de "humillante" y aseguraron que no generará empleo y que alargará la jornada laboral de los trabajadores del comercio. Además, dijeron que atenta contra la negociación colectiva y que generará un efecto frontera "letal y pernicioso para todo el comercio".