Sin embargo, aunque el PSOE defendió que el Gobierno se pronuncie al respecto, no escondió su oposición a a regulación de estos grupos de interés.

El CDS proponía el establecimiento de un registro público de "lobbies", con el fin de identificar a todos aquellos grupos que puedan establecer relaciones con la Administración para informar o recibir información sobre su ámbito de competencia.

Los centristas también propugnaban que el Gobierno elaborara un código deontológico que enmarque el funcionamiento de estos grupos de interés en su relación con los poderes públicos.

El portavoz socialista, Joa Marcet, arguyó en contra de la propuesta del CDS que la legislación española ya regula de modo claro las relaciones de los grupos que intentan presionar ilegítimamente a la Administración. Al respecto, citó la tipificación del tráfico de influencias introducida en 1991 en el Código Penal.

Marcet también dijo que la regulación de los lobbies "oscurece la capacidad del legislador para discernir entre interés público general e interés parcial y tiende a consolidar la corporativización".

No obstante el portavoz del PSOE dijo que a la vista de que el Parlamento Europeo se ha mostrado partidario de la regulación de los "lobbies", no estaría de más que el Ejecutivo español estudie la conveniencia de esta regulación.

En contra de la regulación de los grupos de interes, el portavoz de IU, Pablo Castellano, manifestó que no se puede pensar que "los grupos que se dedican a la prevaricación y al cohecho vayan a pasar a llevar una vida impoluta sólo porque estén inscritos en un registro".

Castellanoafirmó que, hasta ahora, no hay constancia de que el sistema legislativo español haya impedido a ningún ciudadano tener relaciones con un partido o con el Congreso. "No conocemos que ningún interés legítimo haya quedado desoído".

El portavoz de IU mostró su "recelo" sobre "todas aquellas personas que hacen de intermediarios. Los ciudadanos no necesitan ningún intermediario para relacionarse con la Administración ni inscribirse en un registro".

El portavoz del CDS, Rafael Martínez Campillo, defendó su proposición no de ley afirmando que "si los ciudadanos conocen quiénes son y a quiénes representan los grupos de interés económicos, aumenta enormemente la seguridad de que su activismo se reducirá al mundo de la información y las propuestas".

"La situación actual", añadió, "mantiene un clima ambiguo que sólo conviene a los que quieren ocultar los intereses que defiende y las armas o presiones que están dispuestos a utilizar si se les deja".

Jaime Ignacio del Burgo, del PP, dijo que la propoición del CDS es positiva, pero tal y como queda con la enmienda transaccional del PSOE, "sólo es un cheque en blanco al Gobierno, que puede considerar inconveniente la regulación y, al mismo tiempo, respeta el mandato del Congreso".