Según manifestó Narbona a Servimedia, la futura ley sigue contemplando una actuación "discrecional" de la Administración central a la hora de vender bienes del Estado, "es decir, es a juicio del Gobierno central la decisión de cómo se enajenarán los bienes inmobiliarios del Estado".

"Tenemos que volver a insistir en el hecho de que existen suelos que no cumplen ya la finalidad inicial en el patrimonio del Estado (de Renfe, Defensa, Institucones Penitenciarias), por una extensión en torno a los 50 millones de metros cuadrados, que reclamamos se vinculen realmente a la política de vivienda y que permitan la edificación de viviendas de precio asequible", afirmó Narbona.

"Por desgracia, no parece que esto quede ni mucho menos nítido en el proyecto de ley, a pesar de que se ha anunciado como si fuera ésta una de las intenciones, y la realidad es que se está vendiendo apresuradamente suelo estatal, de forma que genera todavía mayor especulacin en torno al precio del suelo", aseguró.

Narbona añadió que temen que la pequeña mejora que pueda suponer la futura Ley de Patrimonio cuando entré en vigor, previsiblemente en enero de 2004, sirva para poco, ya que entonces podrían quedar "muy pocos terrenos públicos susceptibles de vincularse a la política de vivienda".