El documento que firmaron este martes ahonda en el problema del "fuerte incremento de los precios" de la vivienda que cifraron en más de un 18% en ambas ciudades y en el aumento de los precios del alquiler de más del 13%. Asimismo, denunciaron que "el encarecimiento de los precios de alquiler y compra de vivienda también ha contribuido la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) en todos los barrios de ambas ciudades, afectando más allá de la zona central".

"En Madrid el número de plazas en VUT ha aumentado un 24,8% en el tercer trimestre de 2024 alcanzando las 84.700 plazas mientras las plazas hoteleras son 92.400. En Málaga, el aumento ha sido del 17,8% en VUT con 39.600 plazas que casi triplican las 14.100 hoteleras", relataron.

Ante esta "alarmante situación" ambas ciudades expusieron que se "hace imperativo abandonar las políticas de los gobiernos del Partido Popular en Madrid y Andalucía que han demostrado ser un fracaso" porque "no solo solo no han regulado y legislado, como obliga la Constitución", sino que "contraviniendo el mandato constitucional, han realizado una legislación que tiene como piedra angular la consideración de la vivienda como bien de mercado", que está pensada, a su juicio, para "mantener precios altos y una elevada rentabilidad inmobiliaria para los tenedores, especialmente para los grandes tenedores".

Añadieron que "las políticas basadas en el pelotazo y la especulación de los gobiernos del Partido Popular contrastan con la determinación del Gobierno de España que ha aprobado la Ley 12/2023, de 24 de mayo por el derecho a la vivienda que tiene como objetivo fundamental poner el suelo y los recursos públicos al servicio del interés general de acceder a una vivienda digna y asequible".

Por todo ello, se comprometieron a proponer a los grupos municipales y autonómicos que adopten cinco medidas para avanzar en el derecho a la vivienda. En primer lugar, pedirán "declarar el municipio de Madrid y de Málaga zona de mercado residencial tensionado" y "garantizar la calificación de vivienda con protección pública de forma permanente".

Por otro lado, los portavoces socialistas pedirán "impulsar la construcción de un parque público de vivienda en alquiler con el objetivo de alcanzar el 20% del parque inmobiliario". Una iniciativa que se puede conseguir mediante "la calificación del suelo municipal destinado a uso residencial como suelo de dominio público", "traspasar la titularidad fiduciaria del suelo municipal de uso residencial a las empresas municipales de vivienda" y "promover de manera directa o indirecta los suelos municipales mediante la colaboración con el sector privado en su caso, a través de la fórmula del derecho superficiario".

Como cuarta línea, tal y como defendieron los socialistas madrileños en el último Pleno municipal, las dos ciudades instarán a sus respectivos gobiernos municipales a incluir en las Ordenanzas fiscales del presupuesto municipal de 2025 "un recargo en la cuota del IBI a los grandes propietarios de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados de forma permanente y que cumplan con los requisitos de la Ley de Vivienda estatal".

Finalmente, el documento recoge un compromiso para pedir que se clausuren las VUT que se se ponga en marcha un plan de choque para reforzar el control y la inspección con más inspectores y "establecer un plan de protección del derecho a la vivienda y el tejido residencial a través de la prohibición de cambio de uso en cualquier edificio residencial con destino hospedaje".