El edil socialista Pedro Barrero defenderá la proposición que también buscará instar al Gobierno regional a hacer una modificación en "el artículo 2 de la Ley 6/1997, de 8 de enero, de protección pública a la vivienda de la Comunidad de Madrid" para que "la protección de las viviendas públicas se mantenga para siempre", para que "no terminen siendo un negocio".

Por otra parte, los socialistas propondrán que se incluya en las ordenanzas fiscales que se aprueban cada año "un recargo del 50% de la cuota del IBI a los grandes tenedores y propietarios de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados de forma permanente".

Según la exposición de motivos, la Ley de Vivienda del Gobierno central, en la Disposición final tercera, otorga a los ayuntamientos la potestad de aplicar un recargo entre el 50% y el 150% a los inmuebles de uso residencial desocupados con carácter permanente en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo que a juicio de los socialistas supone un "estímulo fiscal" para que los propietarios de viviendas vacías las pongan en alquiler.

Añadido a esto, la proposición buscará aprobar dos medidas que permitan generar más inversión y más suelo público para dificultar su enajenación en el futuro. Para ello los socialistas pedirán la calificación del suelo municipal destinado a uso residencial como suelo de dominio público, a fin de dificultar futuras enajenaciones del Patrimonio Municipal de Suelo; que se traspase la titularidad fiduciaria del suelo municipal de uso residencial a la EMVS; y que se promueva "de manera directa o indirecta los suelos municipales mediante la colaboración con el sector privado en su caso, a través de la fórmula del derecho superficiario".

También propondrán establecer con la Comunidad de Madrid "fórmulas de gestión cooperativas para el desarrollo de los suelos urbanizados obtenidos en el pasado como cesiones para redes supramunicipales en la ciudad de Madrid".

Finalmente pedirán el apoyo al Pleno para que se impulse un plan de inversiones plurianual entre 2025 y 2027 que incremente hasta los 600 millones de euros anuales el presupuesto destinado a políticas de vivienda.