Cuando ya estaba iniciado este procedimiento, prosigue el PSOE en su argumentación, el Boletín Oficial del Estado publicó el real decreto de adhesión de España a esos acuerdos, después de ser aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 9 de octubre.

Esta decisión del Gobierno originó la presentación, por parte del Grupo Socialista, de un conflicto de atribuciones entre el Parlamento y el Ejecutivo, que fue rechazado por el pleno de la Cámara.

De esta forma, el Congreso convalidó el real decreto y aprobó su tramitación como proyecto de ley, que actualmente se encuentra en el trámite de presentación de enmiendas.

En su recurso, el PSOE argumenta que el Gobierno no tiene competencia constitucional para dictar normas con fuerza de ley cuando s trata de un convenio internacional que requiere la autorización previa de las Cortes Generales por implicar obligaciones para la Hacienda Pública.

Además, consideran que se han invadido las competencias de las Cortes Generales al conculcar los artículos 94.1 d) y 74.2 de la Constitución, que establecen el procedimiento de ratificación de este tipo de tratados.

Argumentan también que se han vaciado de contenido el artículo 95 de la Carta Magna y el 78 de la Ley Orgánica del Tribunal Constituciona, imposibilitando así el ejercicio del control previo de la constitucionalidad de los tratados.

"VICIO RADICAL"

Como consecuencia de todo ello, creen que se ha producido "un vicio radical en la formación de la voluntad y posterior consentimiento del Estado, desde el punto de vista del derecho internacional".

Poco después de presentar este recurso, la secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, y el portavoz adjunto, Luis Martínez Noval, reiteraron su apoyo al conenido de los acuerdos, pero criticaron duramente el procedimiento utilizado por el Gobierno para su ratificación, por entender que se ha "menospreciado" al Parlamento y al propio Tribunal Constitucional.

Ambos subrayaron el tiempo transcurrido desde la firma del acuerdo, en septiembre de 1997, hasta que el texto entró en el Congreso, y achacaron las prisas del Gobierno a la necesidad de "vender imagen" en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Oporto en octubre de 1998.

Martínez Noval consideró "lamativo" que el responsable de "este desvarío constitucional" sea el ministro de Economía, Rodrigo Rato, encargado de redactar una ponencia sobre la política exterior de España para el próximo congreso del PP.