El abogado del Partido Popular andaluz personado en el caso, Manuel Seco, confirmó hoy a Servimedia que Llorente ha ampliado su investigación en torno a los cheques cobrados a través de una intermediaria del Banco Arabe Español.

Según Seco, una constructora emitió catorce cheques por valor de siete millones de pesetas. La mitad de ellos fueron cobrados por Pedro Llach y la tra mitad por una sociedad intermediaria del Banco, Ares-Inter. A su juicio, el procedimiento de cobrar cheques a través de una intermediaria confirmaría la conexión del caso Ollero con Filesa.

"Es el mismo procedimiento", afirma. "Lo que demuestra que el 'caso Ollero' no es un caso aislado, sino que el sistema de cobros estaba generalizado en toda España. Nos acercamos a la generalización de Filesa. No es un caso aislado. Todos responden al mismo modelo de financiación irregular del PSOE".

A su uicio, el caso del presunto cobro de comisiones denunciado este fin de semana por el hoy alcalde de Marbella, Jesús Gil, responde también a ese mismo patrón. "Tiene todos los visos de ser lo mismo", señala.

El letrado del PP resta importancia al prolongado periodo de instrucción que mantiene la jueza Llorente por la complejidad de la trama, la carencia de medios de la Audiencia de Sevilla y porque el procedimiento penal no facilita su celeridad, según dice.

Seco cree que el cobro de comisiones en1992 afecta al ex consejero de Obras Públicas, Jaime Montaner, más a que a su sucesor, Juan José López Martos. "Montaner era el responsable de Obras Públicas en el momento en el que parece que se monta una trama de comisionistas en el entorno de Obras Públicas", señala.

Por otra parte, el Partido Popular cuenta con un plazo de diez días para presentar los escritos de acusación de la trama Inpiasa, el sumario más avanzado de los seis del "caso Ollero" que investiga la infraestructura electoral de la Juta de Andalucía, cedida a una industria de piedras. El PP presentará acusación, aunque todavía estudia a quien acusar y qué delitos reclamar.

El Juzgado de Instrucción nº 17 de la Audiencia de Sevilla ha inculpado hasta la fecha a trece personas presuntamente vinculadas con el "caso Ollero" por delitos de cohecho, falsedad en documento y tráfico de influencias.

Entre los implicados se encuentran el ex director general de Carreteras de la Junta, Manuel Ollero, y su hermano Jorge, que entregó presutamente una comisión a la constructora Ocisa por la adjudicación de una obra. Jorge Ollero fue detenido en julio de 1992 cuando portaba un maletín con 22 millones procedentes, al parecer, del cobro ilegal de comisiones.