Estas formaciones políticas están convencidas de la existencia de delitos en el comportamiento de Piqué y de supuestos graves de corrupción en la política de subvenciones del Gobierno.

Los tres grupos parlamentarios aportan a la Fiscalía el dictamen de la subcomisión y su voto particular, donde constan los supuestos elitos y los indicios de criminalidad observados: delitos contra las administraciones públicas, prevaricación, violación de las normas de incompatibilidad y menoscabo a los intereses del Estado y de la Hacienda pública.

A su juicio, existen suficientes indicios para que la Fiscalía analice no sólo el contenido del voto particular, sino toda la documentación que obra en poder del Congreso de los Diputados.

Asimismo, PSOE, IU y Nueva Izquierda piden que la Fiscalía Anticorrupción practique una seri de diligencias, entre ellas que reclame al Gobierno la documentación que no ha remitido a la Cámara Baja.

Entre esta documentación, citan las actas de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, como es el caso de Ercros, que, a su juicio, "encierran en sí mismo una prueba o indicio importante de la comisión de delitos y que deben ser analizados e investigados por la Fiscalía Anticorrupción".