El senador Ignacio Díez ya presentó entonces una pregunta parlamentaria en la que, como en esta ocasión, recordaba que Milans del Boch "fue uno de los militares de mayor graduación que organizó y ejecutó el intento de golpe de Estado contra la democracia".

Tras ser juzgado fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión por un delito de rebelión y expulsado de las Fuerzas Armadas. Ignacio Díez argumenta en su pregunta que el Alcázar de Toledo es un edificio propiedad del Estado y administrado por el Ministerio de Defensa.

En consecuencia, considera "sorprendente" que en una instalación pública y de carácter militar "se dé pábuloal uso de la discriminación y el privilegio, en un país que ha superado el trauma de la Guerra Civil con la reconciliación entre los españoles, que se transmite a través de la Constitución".

A su juicio, es "más que incomprensible, un arcaísmo", que un civil condenado por atentar contra esa Constitución descanse en un edificio público "que no puede ni debe ser bandera de nada ni de nadie".