En declaraciones a Servimedia, Caldera señaló que es "un ejemplo nefasto para el conjunto de servidores públicos" y es algo "dudosamente legal" porque las retribuciones de los altos cargos autonómicos se fijan anualmente en los Presupuestos de la comunidad.

A su juicio, cuando se está planteando, acertadamente, la necesidad de una armonización de los salarios de los cargos públicos en la distintas administraciones locales y autonómicas, "es un escándalo que la Junta de Castilla y León decida pagar a un consejero lo que le da la gana en función de su procedencia anterior".

Caldera subrayó la contradicción en la que incurre el Partido Popular al asignar ese salario con fondos públicos y luego apelar al necesario rigor presupuestario ante las reivindicaciones salariales planteadas por los jueces. "Que felices serían los jueces si se les tratara igual que al señor consejero de Fomento", emachó.