Esta impugnación va incluida en el recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Socialista ha presentado hoy a la ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1999.

Según los argumentos del PSOE, los cambios que la Ley de Acompañamiento introdujo en la Ley del Sector Eléctrico para fijar las compensaciones o costes de transición a la competencia (CTC), infringen "distintos preceptos constitucionales".

Los socialistas consideran que dichos cambis suponen una nueva regulación que "garantiza a las empresas eléctricas el 'derecho' a la percepción de la mayor parte de esos costes, y ello con independencia, no ya de la existencia o no de costes de transición a la competencia, sino de cual pueda ser la cuantía real de los mismos".

Agregan que establecer una cantidad "fija e invariable" que retribuye unos costes que, o bien pueden no producirse o bien pueden producirse pero en distinta cuantía, implica "una clara arbitrariedad, no en el reconocimieto o concesión del derecho, sino en su configuración". (Vulneraría el artículo 9.3 de la Constitución Española).

Los socialistas argumentan además que esa nueva redacción legal "establece una prestación pública coactiva (4,5 por 100 de la facturación), que no responde a ninguna actividad realizada por el perceptor en favor del sujeto que la tiene que pagar".

Es decir, que esa parte de la tarifa se configura como un impuesto, que no se paga al Estado sino a otro sujeto privado, las empresas generaoras de energía eléctrica. (Vulneraría el artículo 134.7 de la Constitución).

Asimismo, el recurso plantea si esas compensaciones a las eléctricas son compatibles, como ayuda pública, con el artículo 92 del Tratado de la Comunidad Europea.