López Aguilar presentó en rueda de prensa una jornada que el PSOE celebrará el próximo jueves, día 26, en la que representantes de todos los sectores relacionados con a administración de justicia analizarán esta reforma.

Las reflexiones que emanen de esta jornada sobre "La Justicia en España para el siglo XXI" podrán ser incoporadas al documento aprobado ya por la Comisión Ejecutiva Federal y que sirve de base a los socialistas para negociar con el Gobierno.

En los contactos que ha habido hasta ahora, según explicó, tanto el Gobierno como el PSOE han constatado puntos comunes, pero también discrepancias, como la configuración de la carrera judicial y las incomatibilidades de los jueces.

El escollo principal es la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los socialistas ven "inasumible" sacar del Parlamento esta facultad, por entender que, entre otras cosas, restaría aún más credibilidad a los jueces.

No obstante, López Aguilar se mostró dispuesto a explorar sistemas alternativos que atenúen la imagen de que los vocales del CGPJ responden a "cuotas" de los partidos, pero siempre dejando la elección en manos del Parlamento. A pesar de esta condición, los socialistas consideran que el acuerdo es posible y creen viable incluso suscribir un compromiso escrito antes del final de la legislatura, similar al rubricado con el PP contra el terrorismo.

CONSECUENCIAS DEL GAL

López Aguilar no dudó en criticar de nuevo al Gobierno por reinsertar "a martillazos" a un juez condenado por prevaricación, y aseguró que el conflicto de jurisdicción, pendiente aún de resolución, es "un completo artificio carente de cualquier fundament".

Sin embargo, precisó que estos "manejos" no han impedido a los socialistas sentarse a negociar con el Ejecutivo "y no nos desconvocaremos de la mesa sea cual sea el pronunciamiento del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción".

En cuanto al "caso Marey", López Aguilar consideró que las presiones existentes no deben entorpecer la reflexión de los magistrados que deben decidir si los condenados, entre ellos José Barrionuevo y Rafael Vera, vuelven a prisión.

"Existe una presión periodística a a que los socialistas no vamos a prestar ninguna atención y esperamos que los órganos judiciales de este país tampoco, pero es evidente que ninguna de esas circunstancias nos eximirá a los socialistas de seguir participando en conversaciones con el Gobierno para intentar atender nuestras responsabilidades con los ciudadanos", aseguró.

En consecuencia, el PSOE seguirá conversando con el Ejecutivo sobre la reforma de la Justicia, sea cual sea la situación procesal de ambos ex dirigentes socialistas.

Las reflexiones de la jornada que el PSOE celebrará el próximo jueves se centrarán en dos cuestiones: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, exponente del único orden jurisdiccional que queda por adecuar a la Constitución, el penal; y la modernización de la Administración de Justicia, que los socialistas condicionan a un compromiso presupuestaria.