Los socialistas gallegos se sumaron así a la ofensiva abierta contra Cuiña por el Bloque Nacinalista Galego (BNG), que ha presentado una denuncia contra el consejero por malversación de fondos públicos y varios delitos de falsedad. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha decidido abrir un sumario a raíz de esta denuncia.

Durante una sesión en el Parlamento gallego, el diputado Miguel Cortizo acusó al consejero de promulgar una normativa ilegal, por la que se designa "a dedo" y no por concurso público a funcionarios de la Xunta como responsables de las obras adjudicadas. Estos funcionaros cobran simultáneamente por este trabajo y como empleados de la Administración.

El diputado socialista le dijo a Cuiña que ataje las ilegalidades "para no seguir cojeando del mismo pie del que cojeas en los últimos días", en alusión al sumario abierto por el Tribunal Superior de Galicia.

Cuiña admitió durante el debate que quizá podría ser "aconsejable" que los directores de obra no fuesen funcionarios, y se mostró dispuesto a estudiar esta cuestión.

Sin embargo, el dirigente popular galleo contraatacó al portavoz socialista, insinuando que si continúan acosándole con nuevas denuncias podría destapar casos "oscuros" del Gobierno de coalición que presidió entre 1987 y 1989 el socialista Fernando González Laxe.

"Yo nunca soy de los que tiran la primera piedra, pero no le conviene seguir por ese camino", le espetó a Cortizo el consejero Cuiña. "Ni estoy cojo, ni estoy manco ni soy idiota", agregó, tras reiteradas advertencias sobre la inconveniencia de que el socialista realizara insinuacones sobre sus actuaciones políticas.

Varios responsables socialistas de esta comunidad aseguron hoy que el PSOE está "expectante" ante la posibilidad de que Cuiña sea procesado. Si es así, agregaron estos interlocutores, "pediremos su cese, como hemos hecho en otros casos similares anteriores".

Por su parte, la presidencia de la Diputación de Pontevedra, a cuyo frente estaba Cuiña cuando según el BNG cometió los delitos por los que le acusa, emitió un comunicado en el que asegura que esta institción actuó correctamente y dentro del orden jurídico.

La Diputación pontevedresa expresa su confianza en la decisión final de los tribunales y asegura que ofrecerá las máximas facilidades para que se esclarezcan los hechos denunciados.