La secretaria de Políticas Sociales del PSOE, Consuelo Rumi, y el diputado Joaquín Sánhez Garrido, explicaron en rueda de prensa en el Congreso el contenido de las 16 enmiendas que han presentado al proyecto.

Sánchez Garrido afirmó que la ley "ha defraudado las expectativas" del sector de la discapacidad, sobre todo del Comité de Representantes de Minusválidos (CERMI), que ha depositado grandes esperanzas en la reforma.

A juicio de los socialistas, el texto del Ejecutivo está "pensado para los discapacitados con dinero y no protege a los más desfavorecidos". Prueba de ello, añadió es que el propio Gobierno reconoce que la ley beneficia únicamente "al 2 por ciento de los 1,5 millones de potenciales beneficiarios".

El PSOE pide beneficios fiscales a las rentas anuales que genere el patrimonio protegido y que los bienes aportados a ese patrimonio puedan utilizarse en casos justificados sin daño tributario.

Las enmiendas socialistas también buscan en otra enmienda que la ley deje claro que las personas que pidan la creación de un patrimonio protegido tendrán un "interés legítmo". Buscan así evitar la posibilidad de que se cobijen bajo esta previsión una "ola de filántropos con fines más o menos espúreos", según consta en la motivación de la enmienda.