La ley responde principalmente a la necesidad de trasponer al derecho español una directiva europea de 1993 sobre cláusulas abusivs en los contratos y la protección de los consumidores. Sin embargo, "la nueva ley no protege a los consumidores", señaló en un comunicado de prensa la diputada socialista María Teresa Fernández de la Vega.

Para el PSOE, el texto aprobado en las cámaras con el apoyo de los socios parlamentarios del PP, e incluso del Grupo Federal de Izquierda Unida, "no sólo no cumple con la finalidad esencial prevista en la directiva, sino que además de no trasponer con fidelidad la misma, aprovecha la ocasión para rgular las condiciones generales de la contratación".

La norma ha servido, de este modo, para conseguir otras finalidades que no son las de protección de los consumidores y usuarios, "sino que bajo este pretexto da cobertura a la defensa de los intereses corporativos de un colectivo, que es el de los registradores de la propiedad, a los que les otorga el control de la contratación en masa del país", según el Grupo Socialista.

"Pero esto lo hace, además, garantizándoles unos ingresos anuales, que vn a pagar los consumidores y usuarios, de más de 10.000 millones de pesetas", asegura el PSOE.

Además, con la nueva ley se ha modificado la Ley Hipotecaria, de modo que "permite prácticamente la desaparición del principio de publicidad del Registro de la Propiedad, cuyo contenido exacto y literal deja de ser accesible al público, que debe someterse a la interpretación que de los datos en él obrantes haga el registrador. Y todo ello pagado del bolsillo de consumidores y usuarios".

Los socialistas ritican asimismo que la materia recaiga bajo el control del Ministerio de Justicia, en lugar del Ministerio de Sanidad y Consumo, que tiene la competencia para la protección de los consumidores.