En la actualidad, este colectivo de profesionales sanitarios está adscrito al Ministerio del Interior, actuando al margen del Sistema Nacional de Salud. Los socialistas entienden que esta circunstancia vulnera tanto la Ley General de Sanidad como el Reglamento Penitenciario.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, que tendrá lugar mañana, miércles, Arnau pedirá al Ejecutivo que exponga las previsiones que baraja para hacer efectivo el mencionado derecho de integración en el Insalud de los funcionarios de los cuerpos facultativo y de ayudantes técnicos sanitarios (ATS) de Instituciones Penitenciarias.

Según Arnau, se trata "de un derecho, no sólo de estos profesionales sanitarios, sino también de los internos de los centros penitenciarios, por ser la integración un instrumento necesario para optimizar la atención sanitaria".

El senador ocialista explicó que la falta de integración produce "disfuncionalidades, desatención sanitaria de los reclusos, despilfarro de recursos, descoordinación con la asistencia especializada que presta el Insalud o los servicios de salud de las comunidades autónomas, así como múltiples irregularidades".

En este sentido, denunció que la dispensación de medicamentos en las cárceles, realizada a través de los botiquines, "es ilegal", la atención a enfermos de sida "se realiza con pocos medios", la atención pquiátrica es "prácticamente inexistente" y los tratamientos de conducta adictiva se llevan a cabo "gracias a la buena voluntad de los profesionales sanitarios penitenciarios".