La propuesta socialista deslinda competencias a los dos reguladores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que se encargará del mercado, y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que velará por la defensa del ciudadanoy la promoción de la Sociedad de la Información.

Además, establece el sistema universal de servicios de telecomunicaciones competitivos ampliado a la cobertura móvil, con un fondo de financiación de carácter mixto en el que parte de la misma recae en los Presupuestos Generales del Estado, y se complementa con las aportaciones de los operadores.