En una rueda de prensa celebrada en el Congreso, tras reunirse con miembros de varias asociaciones representativas de jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados, López Aguilar recordó que en ambas leyes el Gobierno ha dispuesto de "un año entero" para dotar de medios la entrada en vigor de las mismas, y que el Grupo Socialista previno al Gobierno de la importancia que tenía que "hiciera su trabajo" a lo largo de ese año y no "en el último Consejo de Ministros" antes de a entrada en vigor de ambas leyes, debido al enorme impacto de las mismas.

"Hemos advertido al Gobierno de todo lo que había que hacer para que la entrada en vigor fuese adecuada", pero "no se ha realizado", dijo López Aguilar, que consideró insuficiente la dotación presupuestaria, "cuando es sabido desde el primer día que los costes razonables de la entrada en vigor de la Ley del Menor no podían descender de los 40.000 millones de pesetas".

Por ello, consideró que la Ley del Menor entra en vigor"en medio de un caos generalizado, de insuficiencia de medios denunciada por todos los sectores implicados, denunciada por Gobierno autonómicos del PP y del PSOE, por presidentes de tribunales superiores de justicia, por jefes de fiscalía, por distintas asociaciones judiciales y denunciada también, en sus efectos más dramáticos, por las familias de las víctimas de delitos cometidos por menores".

En respuesta a los comunicados de prensa del Gobierno en los que dice que en el último Consejo de Ministrosinmediatamente anterior a la entrada en vigor de la ley ha dotado 129 plazas de fiscales y 31 juzgados de menores, López Aguilar resaltó que "no basta con poner en el BOE" esas plazas sino de cubrirlas, lo que tardará uno o dos años, e instalaciones donde puedan meterse esos profesionales.