La secretaria de Consumidores y Usuarios del PSOE, Isabel Pozuelo, señaló a Servimedia que "estamos convencidos de que el Ministerio de Sanidad y Consumo no ha debido participar en ningún momento de la elaboración de la ley, y desde luego en ningún momento esa ley ha sido consensuada hasta el punto de que el Grupo Parlamentario Socialista presentó na enmienda de totalidad con un texto alternativo".

Una vez que fue rechazado el texto alternativo, el PSOE presentó una batería de enmiendas parciales de las que el Partido Popular sólo admitió una, referente a la realización de una campaña informativa entre comerciantes y consumidores.

La ley que ya está en vigor adolece de utilizar "términos jurídicos indeterminados, con lo cual el consumidor no tiene ninguna seguridad de cuáles son los términos en que se va a desarrollar una reclamación suya,unidos a un texto de mínimos y farragoso que ha convertido a la ley en un auténtico laberinto", según Pozuelo.

Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (Ceaccu) señaló que ellos no han participado en reunión alguna para consensuar la Ley de Garantías y que enviaron sus propuestas al Gobierno a través del Consejo de Consumidores y Usuarios.

La Ceaccu está totalmente en contra de que la garantía, a partir de los seis meses desde la fecha de ompra, dependa de que el consumidor demuestre que es un defecto de fabricación porque en la práctica ejerce un efecto disuasorio que convierte la garantía hasta los dos años en papel mojado, según explicó a Servimedia José María Guerrero, letrado de la confederación.

Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) afirmó que propusieron a Consumo elevar el periodo de garantía total de seis meses a un año y que en el segundo año la carga de la prueba correspondiera al comprador, pero n fue aceptado. "No ha habido consenso, no es cierto que haya habido consenso", aseguró a Servimedia el portavoz de la CECU, Antonio López.