La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados se reunió este miércoles por la tarde para empezar a elaborar la ponencia y, según indicaron a la salida algunos participantes, acordó volver a hacerlo el próximo martes a las 10.00 horas y, si no les diera tiempo, de nuevo el miércoles. La idea es llevarla el lunes 4 de julio para su aprobación en Comisión, que el martes lo califique la Mesa y vaya al pleno del 12, 13 y 14 julio para su aprobación definitiva en el Congreso y su remisión al Senado.

Ya esta mañana, el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, afirmó en los pasillos de la Cámara que se dan las “condiciones positivamente para sacar adelante la Ley de Memoria Democrática”. “Es un objetivo de este Gobierno y un propósito que vemos factible”, añadió. "De los contactos previos con los grupos parlamentarios somos muy optimistas” y “entendemos que el cuerpo legislativo que ya ha presentado es el que va a prevalecer con aspectos puntuales”.

En el PSOE confían en el apoyo de casi todo el arco parlamentario menos PP, Vox y Ciudadanos, que al principio vaciló con un posible respaldo a esta norma, pero que finalmente votará en contra de la ponencia. El caso de ERC, que ahora mismo está en contra de la ponencia, todavía no está definido porque, según ambas partes, se está en negociación y hay disposición para que los republicanos terminen sumándose.

Antes de la reunión de la Comisión, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, corroboró el optimismo de Gómez, si bien deslizó una crítica a su socio de Gobierno al recordar que las enmiendas conjuntas entre ambos grupos parlamentarios se presentaron hace siete meses: "No tiene razón de ser, por eso nosotros siempre hemos estado en contra de que el PSOE no quisiera impulsar la tramitación".

POSIBLES APOYOS

"Francamente ya era tiempo suficiente, con lo cual hay que felicitarse y esperamos que a la mayor velocidad posible se realicen las necesarias reuniones de ponencia para que ojalá antes de que llegue el verano podamos discutir y debatir en el Pleno y aprobar esta Ley de Memoria Democrática tan necesaria", aventuró.

Respecto a los apoyos, Santiago se mostró convencido de que "ninguna fuerza política progresista democrática de izquierdas va a quedarse sin apoyar esta ley, situándose donde se va a situar la derecha y la ultraderecha". No obstante, constató que "ERC todavía tiene algunas discrepancias; en lo global está en el acuerdo, pero es verdad que todavía tiene algunas discrepancias especialmente sobre lo relativo a la aplicación de esta norma que va a permitir acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo".

Se refería a la enmienda pactada por el PSOE y UP para incluir en esta ley que los tribunales interpretarán la Ley de Amnistía de acuerdo con los principios de Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, como podrían ser algunos del franquismo, por ejemplo, los de torturas. A ERC le parece insuficiente, y aboga por derogar dicha norma que le parece que sigue siendo una suerte de "ley de punto final", y quiere declarar expresamente ilegal el franquismo, y fuentes de UP consultadas por Servimedia no tienen claro que los republicanos terminen formando parte de la mayoría que apruebe la Ley, donde sí sitúan a JxCat, el PDeCAt, PNV y EH Bildu.

En cambio, para el también secretario general del PCE, esta enmienda, que describió como la "piedra angular" de la norma, "garantiza el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo" y "nos va a poner al nivel, no sólo de las exigencias de la comunidad internacional, sino del resto de países que han garantizado la exigencia de Naciones Unidas del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a la garantía de no repetición". Según resaltó, "los expertos en materia de Derecho Internacional son unánimes en establecer el alcance que tiene esta enmienda".

Así, Santiago sólo admitió que en la ponencia "habrá que hacer algún tipo de ajuste para garantizar cuestiones relacionadas con los derechos culturales de todos los territorios del Estado, pero francamente son ya ajustes muy menores". Sí se abrió a "reforzar algo que ya venía en la Ley, la conceptualización como ilegítimo, ilegal del anterior régimen y de sus resoluciones", como insiste ERC.