Este fue el resultado del debate de una iniciativa de CiU en la que fijaba indemnizaciones por la muerte y los daños físicos y psíquicos sufridos por las víctimas de la dictadura entre enero de 1968 y junio de 1977, y que la federación nacionalista decidió retirar en virtud del anuncio de los socialistas.

El diputado de CiU Jordi Jané, con la sentencia "reconciliación sí, olvido, jamás", defendió una iniciativa que cifraba la indemnización por fallecimiento en 161.000 euros; por gran invalidez, en 455.000; por incapacidad permanente absoluta, en 112.000; por incapacidad permanente total, en 106.000; y por incapacidad permanente parcial, en 42.000 euros.

Jané recordó que siete grupos, todos salvo el PP, suscribieron el pasado mes de junio una proposición no de ley en la que emplazaban al Gobierno a presentar "un informe detallado de las ayudas que merecen las personas que por la defensa de los derechos fundamentales fueron víctimas en una etapa en la que esos derechos no estaban reconocidos".

A día de hoy este informe no se ha presentado, agregó, por lo que aunque "no encahe bien" en el calendario del Gobierno, avisó al PSOE de que "sería difícil de explicar desde el Parlamento a la sociedad que no saliera con un voto favorable de la Cámara".

No obstante, se ofreció a retirar la propuesta para "positivizar el debate y dar a los beneficiarios, que en definitiva es toda la socieda democrática, la seguridad de que vamos a tener la ley, la vamos a tramitar antes de que finalice el actual periodo de sesiones, y va a ir firmada por todos".

RESPIRAR CONSENSO

Jáuregui respondió que la comisión interministerial que trabaja en este asunto no ha presentado de momento su informe por el exceso de documentación y propuestas sobre los que está trabajando, y reiteró la voluntad de los socialistas de abordar esta iniciativa de forma conjunta.

En este sentido, anunció que el Gobierno presentará ante el Congreso de los Diputados su informe, y también un anteproyecto de ley que regule la compensación a las víctimas "siguiendo el mandato parlamentario" del pasado mes de junio. "Es una cuestión que tiene que respirar el consenso y el espíritu de esa recuperación de la vieja herida".

Por ello, si hay acuerdo del resto de los grupos, ese texto podría ser tramitado como proposición de ley con la firma de todos antes del 30 de junio de este año, por lo que en otoño se trabajaría en la nueva norma para que en enero de 2006 "haya una ley que compense a las víctimas del franquismo".

"PONERSE LAS PILAS"

El diputado del PP Manuel Atencia argumentó que este tipo de cuestiones, por su complejidad, debe llevarlas a la Cámara el Gobierno o bien ser fruto de una iniciativa de todos los grupos, por lo que urgió al Ejecutivo a que cumpla su compromiso de enviar un informe para que todos los partidos lleguen a un acuerdo.

El portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, recalcó que esta iniciativa se debate "en un marco incomparable, el 30 aniversario de la muerte del dictador", por lo que pidió se aproveche "la oportunidad de rematar el partido de la primera vuelta, en el que ganó la democracia. Llevamos meses de retraso y esta proposición de ley nos viene de perlas para pedirle al Gobierno que se ponga las pilas".

Joan Tardá, en nombre de ERC, utilizó el tiempo de su intervención para leer un listado de las personas ejecutadas o encarceladas durante la dictadura franquista, y el diputado del PNV Aitor Esteban expresó su respaldo a la iniciativa y tuvo un nuevo encontronazo con el presidente del Congreso, Manuel Marín, a cuenta del uso de las lenguas.