Esta plataforma, según consta en el documento de declaración política que el máximo órgano entre congresos de los socialistas aprobó hoy por unanimida, debe ser "no sólo una suma de agravios sino (una plataforma) que dibuje un proyecto de futuro, una verdadera alternativa de gobierno".

En esta nueva estrategia, los socialistas consideran que es necesario el entendimiento con los sindicatos y con las distintas plataformas de la izquierda, "para movilizar todos los apoyos sociales en torno a un proyecto de progreso".

En el citado documento, y dentro de un análisis de los tres primeros meses de Gobierno del PP, se afirma que el Ejecutivo ha tratao de hacer "oposición a la oposición", y deslegitimar la críticas que los socialistas hacen a la labor de gobierno.

En este sentido, el PSOE cree que el Gobierno intenta "deslegitimar a quienes nos oponemos a sus actuaciones". "No supieron hacer una oposición razonable y ahora se resisten a admitir que tienen enfrente una oposición democrática, que no va a utilizar sus malas artes, pero que va a actuar con firmeza y rigor", añaden los socialistas.

Según los socialistas, el PP mezcla "sus arguments políticos con alusiones a las actuaciones de la justicia, desfigurando la instrucción de determinarios sumarios para fundar sobre ellos los ataques a la oposición". Para los socialistas, el Ejecutivo utiliza una "vara de medir muy diferente" cuando se trata de actuaciones irregulares de responsables políticos del PP.

En el citado documento político se afirma además que el Gobierno está sometiendo a los medios de comunicación públicos a "un fuerte control". "Se ha cesado", continúa, "sin razón y con alos modales a excelentes profesionales o se desfiguran las actuaciones de la oposición, y se ponen esos medios públicos a disposición de la preocupación excesiva por la imagen de que hacen gala el presidente del Gobierno y varios de sus ministros".

"DERECHA PURA Y DURA"

Sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo en estos tres meses, el documento político censura la utilización masiva del decreto-ley en la labor del Gobierno, "rebasando por ello los límites previstos en la Constitución".

Los ocialistas consideran además que la política económica que ha puesto en marcha el PP revela la existencia del "programa oculto" que denunció el PSOE en la pasada campaña electoral, y que situa a este partido en la "derecha pura y dura".

Entre estas medidas, se citan los decretos liberalizadores, que "favorecen a intereses particulares muy concretos", y que "tienen siempre beneficiarios con nombre y apellidos". En concreto, el documento político habla de la liberalización del suelo y de las privatizacines.

Sobre las decisiones adoptadas para conseguir que España cumpla en 1998 los requisitos del Tratado de Maastricht, el documento político del PSOE dice que el Ejecutivo sólo toma "soluciones parciales" y "parches", pero que no tiene objetivos claros y aprueba medidas contradictorias como privatizar y reducir algunos impuestos.

ESTADO DE BIENESTAR

Para los socialistas, de los tres primeros meses de Gobierno del PP se empieza a deducir que tiene un estilo "poco comprometido con los valores proios de una democracia avanzada".

En este sentido, se cita la expulsión de 103 emigrantes africanos a finales del mes de junio, operación que los socialistas dicen que "regugna a una mínima sensibilidad democrática". Además, este partido censura el cambio de la polítca hacia Cuba, "en sentido regresivo" y en contra del criterio de la Unión Europea.

Asimismo, el PSOE cree que los "logros" del estado del bienestar conseguidos en la etapa de Gobierno socialista, "empiezan a estar en peligro". En conceto, el documento político se refiere a que los pensionistas deban pagar en el futuro pagar las recetas médicas, o a la reducción de las subvenciones concedidas a las ONGs.

FINANCIACION AUTONOMICA

Sobre la reforma de la financiación autonómica que han pactado PP y CiU, el PSOE dice no estar de acuerdo, y pide que las reformas sean pactadas con las autonomías y con el Parlamento.

Según lo socialistas, este acuerdo ya se dió en los acuerdos de financiación de los años 1987 y 1992. Añaden asimismoque no es posible aceptar que el Gobierno presente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el nuevo modelo de financiación como un "todo cerrado" resultante del pacto entre PP y CiU.

El sistema de financiación autonómica, dice el PSOE, debe garantizar los principios constitucionales de "solidaridad y equilibrio territorial".

"El importe de la participación", concluye el documento, "de la comunidades autónomas en los ingresos del Estado debe establecerse sobre la base de las variables genérias hasta ahora vigentes (población, superficie, dispersión, insularidad, coste de las unidades administrativas), así como a las variables redistributivas (pobreza relativa y esfuerzo fiscal), de manera que se garanticen la solidaridad y el equilibrio territorial, la suficiencia y la autonomía financiera".