Esta iniciativa, que se votará al término del Pleno, fue defendida por el portavoz de Justicia de CiU, Jordi Jané, quien emplazó al resto de los grupos parlamentarios a respaldar la toma en consideración de la proposición de ley para, con su colaboración, la del Ministerio de Justicia y la de las comunidades autónomas, avanzar hacia un "Pacto de Estado sobre justicia".

Jané reconoció que ésta reforma penal "no es la varita mágica que por sí sola pueda resolver los problemas de seguridad ciudadana que se perciben con alarma social, pero es necesaria una reforma global de la justicia, necesitamos ya que la justicia, como servicio público, dé una respuesta más ágil, más inmediata, como la ciudadanía espera".

Se preguntó "por qué razón existen tantas bandas organizadas" en España, que tiene un "récord europeo" en esta materia, pues las Fuerzas de Seguridad han contabilizado más de 470. "¿Por qué aquí se instalan con más facilidad que en otros países?, agregó, "¿es que aquí tienen un tratamiento penal más favorable?".

Explicó que en España no está tipificada la mera pertenencia a una banda criminal organizada, por lo que la propuesta de CiU plantea que "los que formaren parte de organizaciones o grupos que tengan por objeto cometer delitos, serán castigados con la pena de prisión de dos a seis años".

"Se impondrá la pena en su mitad superior si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad o indemnidad sexual, el patrimonio o la Hacienda Pública y la Seguridad Social", añade la reforma penal propuesta por CiU.

Esta iniciativa propone también que a los jefes o dirigentes de las organizaciones o grupos mencionados en el apartado anterior se les impondrá la pena superior en grado, y que la colaboración en las actividades de dichas organizaciones o grupos se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años.

La proposición de ley concluye que los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados, siempre que el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para impedir la producción del delito.

ESPAÑA, MÁS SEGURA

En nombre del PSOE, Pedro Muñoz argumentó que, actualmente, "existen dificultades en la persecución de las bandas que tienen por objetivo delinquir", por lo que se mostró partidario de admitir la toma en consideración de esta reforma, que podrá ser enmendada durante el trámite parlamentario.

"El Gobierno se ha comprometido a aumentar la seguridad ciudadana ", agregó el diputado socialista, quien apuntó que el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se incrementará hasta llegar a 140.000.

Criticó la política que en esta materia hicieron los gobiernos del PP, que "redujeron el gasto en seguridad, y quitaron a 7.000 policías y guardias civiles de las calles", a diferencia del PSOE, que ha incrementado estos efectivos en 17.000 y les ha "pagado mejor y coordinado más. España es hoy más segura".

SIN "PARCHES"

Esta propuesta no concitó el apoyo del resto de los grupos parlamentarios. En nombre del PP, Carlos Salvador se mostró partidario de una reforma global, no "parche a parche, por mucho que los problemas sean importantes" y se ofreció a colaborar con el Gobierno cuando fije "un rumbo claro" para combatir la inseguridad ciudadana.

Recalcó que ésta iniciativa es una "copia literal" de la planteada en la pasada legislatura por el Gobierno socialista, que "caducó". Denunció que si el Ejecutivo "hubiera hecho lo que debe en materia de Justicia, ésta y otras reformas ya estarían aprobadas", y acusó al Gobierno de preocuparse más por "reformar el piso del ministro" que de los problemas judiciales.

Subrayó que el balance del Gobierno socialista es en lo relativo a la justicia "bastante dramático y suspenso", y se preguntó si "vamos a padecer otra legislatura como la pasada en materia de justicia", y acometer reformas importantes "a golpe de proposición de ley".

"LEGISLAR EN CALIENTE"

El portavoz del grupo formado por ERC e IU-ICV, Joan Ridao, también expresó su rechazo a esta propuesta por considerar que debe abordarse una revisión "en profundidad y de forma global" del Código Penal, no entrar en la "dinámica espasmódica de las microrreformas del Código Penal, ni legislar en caliente".

Emilio Olabarría, portavoz de Justicia del PNV, tampoco apoya la propuesta porque, aunque comparte que "el poder coactivo del estado no puede permanecer inerme ante nuevas fenomenologías criminales", debe tenerse en cuenta que el Código Penal ha de tener "consistencia sistemática, que siempre se resiente con reformas parciales".

Recalcó que estas bandas están tipificadas en el actual Código Penal, que impone a los fundadores y directores de organizaciones "que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada" de dos a cuatro años de cárcel y a sus miembros, entre uno y tres años.