"Es un objetivo que todos compartimos. Que se rebaje el precio de las autopistas es una buena intención y un buen objetivo, lo que ocurre es que como tantas otras veces, lo han hecho de una manera que está completamente fuera de la ley, es ilegal, y de una manera que es gravosa para el Tesoro Público", denunció García Arreciado.

En su opinión, la intención del Gobierno de rebajar el IVA es "ilegal" porque, de acuerdo con la directiva comunitaria, "el peaje y el IVA d las autopistas no está entre los 17 servicios que admiten el IVA reducido". Agregó, que, además, también es "ilegal desde el punto de vista de la ley de autopistas".

Acusó al Ejecutivo de "engañar" a los ciudadanos, porque "siempre se nos había vendido que se ampliaba el plazo de concesión de las autopistas de 50 a 75 años para producir una rebaja en el peaje" y "las empresas no sólo se han negado a reducir el peaje, sino que lo han subido un 2%".

El responsable socialista aseguró que esa ampliaión del plazo de la concesión supondrá a las empresas concesionarias unos ingresos complementarios, en el peor de los escenarios, de más de un billón y medio de pesetas, y "con ese ingreso desconomunal que van a tener sin ningún costo bien podrían reducir el peaje".

"Ahora nos engañan y lo hacen de una manera gravosa para el Tesoro Público", lamentó García Arreciado, quien cree que el resultado de la rebaja del IVA será que "las empresas concesionarias seguirán ganando lo mismo, los usuarios tendrán ua reducción muy pequeña, de 7 pesetas cada cien, y el Tesoro Público dejará de ingresar del orden de 15.000 millones de pesetas".

En definitiva, apuntó, "es una intención que nos parece buena, pero que lo han hecho, como hacen siempre, de una manera ilegal, chapucera y en este caso, además, gravosa para el Tesoro Público, que será quien asuma la rebaja del coste del peaje de las autopistas, en lugar de hacerlo las empresas".

García destacó que con esta decisión lo que va a hacer el Gobierno es "arir un nuevo frente de conflicto con la Comisión Europea y volver a plantear una situación incómoda de España ante la Comisión Europea como mala cumplidora de las directivas comunitarias".