La secretaria de Política Internacional y Cooperación del PSOE, Elena Valenciano, recordó en un comunicado que estas bombas se han cobrado la vida de más de 100.000 personas en el mundo y han mutilado a millones de ellas, el 98% civiles y el 60% menores, según ONGs.

"Hoy, España ha ratificado su compromiso de acabar con esta cruel práctica que continúa amenazando la vida y la seguridad de cientos de millones personas en países como Laos, Irak, Líbano, Afganistán, Georgia, Sudán o República Democrática del Congo, entre otros", subrayó Valenciano.

La Convención a la que España se ha adherido prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de bombas de racimo y establece obligaciones de desminado, asistencia a las víctimas y destrucción de arsenales.

Valenciano subraya que España "ya ha destruido por completo su arsenal de bombas de racimo" y es el quinto país del mundo en ratificar la Convención, el segundo de la Unión Europea, aunque la ratificación está pendiente en la mayor parte de los 111 países que firmaron el texto.

Para el PSOE, esta Convención es la más importante desde que en 1997 se prohibieron las minas antipersona, y los socialistas esperan que, igual que sucedió en ese caso, tenga un efecto "estigmatizador" y los países que las utilicen reciban la condena sin paliativos de la comunidad internacional.