El importe total de las obras era de 40 millones de pesetas, y fueron hechas en las semanas anteriores a las elecciones autonómicas del pasado octubre.

La comisión parlamentaria creada de modo específico para la investigación de los hechos, en los que han tenido potagonismo especial dos curas vinculados al PP, Felisindo Rodríguez y Julio Rodríguez, debatirán mañana las enmiendas propuestas por los grupos de la oposición al texto de conclusiones. El PP entiende que no hay responsabilidades políticas; sólo irregularidades administrativas.

El PSOE, en cambio, estima que el consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Xunta, Xosé Cuiña, es el causante principal y responsable político máximo de las obras de la Xunta realizadas en Verín y Castrelo do Val(Orense) sin previa adjudicación y que podrían haber motivado una estafa de 40 millones que perjudicó a la empresa Hermanos Carrajo. Esta empresa fue la adjudicataria de la única obra licitada, meses después de su ejecución y a pesar de que presentaba la propuesta económica más cara.

Según Agustín Vega, portavoz del PSOE, `Hermanos Carrajo' se vió obligada a realizar las pequeñas obras de infraestructuras con un permiso verbal del delfín de Fraga, Xosé Cuiña, pero sin disponer de cobertura legal porqu, en caso de negarse, no volvería a ser llamado para trabajar con la administración autonómica.

Al descubrirse y ser denunciada por la propia Xunta ante los tribunales la irregularidad del procedimiento, el Gobierno se apresuró a afirmar que no se pagó ni pagará ni una peseta de esas realizaciones.

El portavoz socialista dijo que su grupo no pide dimisiones ni destituciones de nadie, pero añadió: "Sí determinamos las responsabilidades de los hechos acaecidos que provocaron en la práctica una situción de estafa de 40 millones a una empresa, a través de una relación de confianza generada en la visita del señor Cuiña".

BNG: CUIÑA, "COMPLICE E INDUCTOR"

El BNG presentó también sus conclusiones sobre estos hechos investigados, de los que señala como responsables directos al delegado de la Consejería de Obras Públicas en Orense, Amador Vázquez, y al presidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, como titular de la institución que debía gestionar las obras mediante convenio suscrito con a Xunta.

Para el Bloque, Xosé Cuiña Crespo es también responsable de las presuntas irregularidades, pendientes de resolución judicial, como cómplice e inductor.

Para el Grupo Popular, que dispone de mayoría absoluta en la Cámara gallega, no hay responsabilidades políticas y sólo es posible la existencia de irregularidades administrativas.

Las conclusiones de los diferentes grupos serán puestas en común y debatidas mañana lunes en la Cámara gallega, aunque la discusión final, en pleno, no se roducirá probablemente hasta el mes de setiembre.